La lucha contra el fraude fiscal parece ser una de las prioridades del nuevo ejecutivo. Hay muchos tipos de fraude fiscal pero sin duda uno de los más difíciles de detectar es el que realizan las pequeñas (o grandes) empresas o autonómos que prestan servicios a particulares por pequeñas cantidades de dinero. A saber, restaurantes, pequeños comercios, albañiles, pintores, etc.

Ya no se trata del famoso «con iva o sin iva» que tanto parece haber calado en la sociedad española o de la nueva medida que quieren implantar obligando a pasar por el banco para pagos de más de 3000 euros. Hablamos de ese restaurante que te da un ticket con su correspondiente IVA por poco más de 20 euros y que pagas en efectivo. Nadie te asegura que el comerciante vaya a declararlo o siquiera pagar el importe de ese IVA. Aunque en España existan módulos, lo «normal» es que este tipo de comercios dejen sin declarar una buena parte de sus ingresos. No hay inspector de Hacienda en el mundo que sea capaz de analizar los más de 10.000 tickets mensuales que puede generar un comercio y no existe manera física de verificar que estén todos los que son y que sean todos los que están.

En China, sin embargo, parecen haber dado con una solución que podría funcionar perfectamente en España: una lotería. La medida, que lleva años intentando implantarse en uno de los países -paradógicamente- más capitalistas del mundo, es obligatoria desde hace poco menos de un año y pretende luchar contra el fraude fiscal. En China el IVA sobre bienes ronda el 17% y el de los servicios está entre el 3% y 5% mientras que su «impuesto de sociedades» es del 33%.

El mecanismo es sencillo. Todos los tickets que emiten los comercios son estándares e iguales para todos. Incluyen el importe, el concepto, varios números de seguimiento fiscal… y un ¡rasca y gana! Así es, una lotería que reparte premios que van desde los 100 yuanes (unos 12 euros) a los 5000 yuanes por factura (600€ aprox.) ¿Quién no iba a pedir una factura si por una hamburguesa de 5 euros te puedes ganar 600? El estado tiene que asumir el coste de los premios, pero entre lo que aumenta la recaudación y ahorra en inspectores, le sale a cuenta. El comercio no sabe qué facturas están premiadas mientras que el estado, en cambio, sólo tiene que cotejar informáticamente las ganadoras al reclamar el premio. El efecto disuasorio (arriesgaste a no declarar una que puede estar premiada y tener que pagar una gran multa) hace que, al final, todos los pequeños comercios las acaben declarando todas.

El sistema no es obviamente infalible: en más de 10 días allí al vernos extranjeros sólo un restaurante nos ofreció la factura voluntariamente y otro al pedírsela. Pero, con sus fallos, es una de las soluciones más ingeniosas y razonables que se me ocurren.